A vueltas con la eutanasia
La muerte de María
Carrasco, propiciada con la ayuda de su marido Ángel Hernández, sin duda, ha sido la noticia que ha sobresalido a
lo largo de estos pasados días. Un hecho mediático que ha estado marcando los
editoriales y las columnas de opinión de todos aquellos medios que, con más o
menos profusión de amarillismo, los llevan a sus portadas y cabeceras, con
distintos posicionamientos en el enfoque y tratamiento de la noticia.
Hace escasamente unas semanas, en el programa radiofónico “La
Pinza”, donde colaboro habitualmente, casualmente tratábamos el tema de
la eutanasia, y ya, allí, dejaba
patente mi opinión al respecto, que no es otra que posicionarme a favor de una
regulación efectiva sobre la intervención voluntaria para acelerar la muerte de
un paciente terminal. Y cuando hablo de regular, es porque no estoy a favor de
que esta situación extraordinaria se pueda utilizar “a pajera abierta”, sino que tendría que tener un procedimiento y
se deberían cumplir determinadas condiciones, acordadas con el máximo consenso.
Al igual que en su día ocurrió con el aborto, es importante
dar respuesta a un hecho incuestionable que afecta al ser humano en lo más
profundo de sus convicciones, y tenemos que ser capaces de atender las
legítimas demandas de aquellos que se encuentran en situaciones extremas y que
están suplicando un tratamiento digno, acorde con el derecho a morir sin
sufrimiento.
No obstante, no es mi intención profundizar en las múltiples
facetas y consideraciones que este tema suscita. Ni voy a incidir sobre la
necesidad, o la forma, de regular (legislativamente) este supuesto, y que daría
para una tesis doctoral digna de ser utilizada como libro de cabecera, desde
una perspectiva ética, jurídica y médica.
Lo que si voy a hacer es dar mi opinión sobre la reacción
social que este caso ha generado, el mal uso que del mismo se está haciendo, y
el empeño por politizar un aspecto íntimo de nuestra vida, tan privado como
sensible. Una tragedia que está siendo utilizada como elemento de postureo, con
fines exclusivamente partidistas, y esgrimiendo –en algunos casos- argumentos
espurios, que algunos medios de comunicación manipulan, justificándolo como una
obligación derivada del deber a ofrecer información, pero que –realmente- lo
que esconde es la dislocada carrera por aumentar los índices de audiencia.
Tras el
triste episodio protagonizado por la muerte asistida de María Carrasco, hemos visto (con cierto estupor, por mi parte) como
algunos políticos han salido a la palestra, aprovechando que estamos en pre
campaña, a derivar la responsabilidad de este hecho hacia algunas formaciones
políticas contrarias, que –afirman- han impedido la regulación de la eutanasia en esta última etapa
inconclusa de la actual legislatura.
Un
suceso que ha sido retransmitido en vivo en directo, y que pone de manifiesto
la poca sensibilidad que tenemos, y el desprecio absoluto por el derecho a la
intimidad manifestado por una buena parte del espectro mediático y político de
nuestro país. Una representación a la que, por cierto, no se ha sustraído el
marido de la fallecida, quien ha copado más espacios informativos que el Brexit o los actos de pre campaña
electoral. Y no es que yo tenga nada que decir al respecto, pero parece –como
mínimo- poco apropiado utilizar determinadas imágenes o relatos (de una
innegable privacidad) para sacarlos a la luz pública y servirles de carnaza a
los programas sensacionalistas que, por desgracia, no faltan en nuestro país.
Se
podrá argumentar que ha sido una ocasión muy favorable para poner en candelero
esta cuestión y que no se podía dejar pasar la oportunidad. Pero yo creo, no
obstante, que todo tiene un límite. Y en este caso, ese límite se ha pasado
tres pueblos.
A
algunos les ha faltado tiempo para ponerse delante de una “alcachofa” y pregonar a los cuatro vientos su compromiso para
legalizar esta situación. Aducen que hay un 70% de españoles que están a favor
de legalizar la muerte asistida, y aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid, para zurrarle la badana a
sus adversarios (políticos), cargándoles las culpas de que no se haya aprobado.
Pero, eso sí, sin acordarse de que, también, un 70% de españoles está a favor de que no se derogue la Prisión
Permanente Revisable, y, en este caso, el gobierno ni caso. Una vez
más, dos varas de medir. ¿porque ahora se echan las manos a la cabeza quienes antes, cuando han
gobernado, no hicieron nada por solucionarlo?
La respuesta
es bien sencilla. El problema de la eutanasia
no es cuestión baladí, y es una patata caliente que afecta, de manera intensa,
a una buena parte de la sociedad y a importantes colectivos profesionales que
tienen mucho que decir sobre este particular. No ha habido, hasta ahora, un
consenso amplio sobre los distintos supuestos que se pueden presentar y su
optima regulación. No nos olvidemos que, hace algo menos de dos años, el PSOE decía sobre este particular que “…la sociedad española no está preparada
para abordar este tema…”. Es un
tema muy delicado que exige prudencia y sosiego; y las prisas y la alteración
emocional no ayudan a resolver las innumerables dificultades y problemas derivados
de esta reglamentación.
Desde el caso que
protagonizó Ramón Sampedro, hace ya
21 años, en España se ha avanzado muy poco en relación con la regulación de la eutanasia. Tan solo se han aprobado
algunas leyes (en algunas Comunidades Autónomas) sobre muerte digna, testamento
vital o cuidados paliativos. Y esta responsabilidad se le debe achacar a los
dos grandes partidos mayoritarios, que son los que han tenido la oportunidad y
las mayorías para poder hacerlo.
Quizá habría que
preguntarse porque en Europa tan
solo tres países (Holanda, Bélgica y Luxemburgo) han autorizado la eutanasia,
cuando el resto de países tratan esta cuestión de diferente manera, con
distintos “filtros” y sin llegar a autorizar plenamente este supuesto. Por otra
parte, en España, el 70% de la
profesión médica está en contra de la aplicación de la eutanasia. Todas estas cuestiones nos deberían hacer reflexionar
sobre la regulación de esta materia, y tratarla como una cuestión ajena a los
condicionantes ideológicos partidistas.
Personalmente estoy
de acuerdo en que hay abordar su reglamentación. Pero habría que pensar más en
los pacientes y en las familias. Seguro que, en ciertas ocasiones, algunos de
nosotros hemos tenido en nuestro entorno familiar algún caso que nos haya hecho
reflexionar.
Tratemos estas
cuestiones con el mayor respeto y con la menor incidencia ideológica.
Apartémoslo del debate electoral, y dejemos que sean los profesionales y
expertos los que encuentren el mejor modo de abordarlo. Un asunto tan serio no
merece tratarse con la frivolidad que se está haciendo.
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