Ciudadanos de primera y de segunda
Determinadas decisiones que afectan al bienestar de los ciudadanos, son objeto de discriminación, por parte de la Administración, dependiendo de la situación laboral en la que te encuentres.
Me había propuesto no escribir durante un tiempo, para –en parte- ayudarnos todos un poco a desintoxicarnos de la cantidad de información, repetitiva y cansina, en la que hemos caído, y a lo que los aprendices de escribidores (como yo) hemos contribuido de alguna u otra forma.
Para romper este confinamiento voluntario he elegido
un tema que –les prometo- no tiene nada que ver con la COVID, aunque sí que es el
motivo (¡cómo no!) por el cual ha saltado esta noticia que a continuación les comento.
El gobierno de la nación ha aprobado una normativa
por la que se les reconoce, a los empleados sanitarios y socio sanitarios, la
calificación de enfermedad profesional para el caso de ser contagiados por el
dichoso virus. Hasta ahora esta calificación era la de accidente laboral y la
diferencia (en favor de estos profesionales) es que el grado de cobertura –a
partir de ahora- será permanente, durante toda la vida, mientras que, para el
caso de accidente laboral, tan solo se cubre de manera parcial, en tanto dure
la pandemia.
Una buena noticia y una reivindicación
insistentemente demandada por los profesionales sanitarios, quienes –una vez
más- están dando muestras de su magnífica gestión y el alto grado de
profesionalidad y altruismo, que han demostrado desde el principio de este
proceso. Una actitud de servicio y entrega que –desgraciadamente- no ha sido
debidamente correspondida, pudiendo comprobar cómo, en la primera ola, se les
ha maltratado y privado de los elementos más indispensables con los que hacer frente
a esta pandemia, lo que les ha llevado a sufrir el porcentaje de bajas más
importante de los que se produjeron en los países del entorno de la Unión
Europea.
La publicación de esta normativa no deja de ser un
elemento positivo en todo este maremágnum de noticias, trufadas de componentes
más bien negativos, y sobre las que –a diario- nos desayunamos a la fuerza. Pero,
¡hay!, ¿porque será que no todo es uva (esto es mío) en la viña del señor? Una
vez más la máquina administrativa del Estado se convierte en un instrumento
autómata, sin sentimientos ni perspectiva alguna que le permita calificar el
contenido de la ingente normativa legal que, como si de un extractor se
tratara, vomita diariamente el Boletín Oficial del Estado.
Y esto es así, tal cual, cuando comprobamos que el
decreto aprobado por el gobierno, incluye como beneficiarios de esta mejora
–como ya se ha dicho- a todo el personal sanitario y asimilado, “…excepto aquellos profesionales (limpieza,
auxiliares, conductores y personal de ambulancias… si están empleados por una
empresa subcontratada”.
¡Toma ya castañas pilongas! De nuevo la cicatería
propia de un gobierno falto de sensibilidad, lo pone frente al espejo para
comprobar su cara más triste (y dura) y, si tuvieran un mínimo de decencia, nos
deberían explicar su decisión, tras la cual han segmentado a una parte de la
sociedad, y los han diferenciado en ciudadanos
de primera y de segunda.
Parece casi imposible que determinadas decisiones,
que afectan al bienestar de los ciudadanos, sean objeto de una discriminación
dependiendo de la situación laboral en la que te encuentres. Sobre todo, si se
trata de una prestación social de carácter general y cuyos destinatarios son
ciudadanos que están en primera línea de choque, frente a una endiablada
enfermedad que nos está esquilmando, tanto física como económicamente.
Si tienes la suerte de ser un empleado público y te
toca el ‘bicho’, el Estado te
reconoce unos derechos, …pero si tienes, al parecer, la desdicha de trabajar
para una empresa privada… entonces te jodes. O lo que es lo mismo, un empleado
de la limpieza de un hospital (más expuesto al contagio, imposible) que
pertenezca a una empresa subcontratada (lo que es algo normal en la actualidad)
no tendría derecho a esta prestación, pero si dependiera laboralmente de la
administración, entonces sí que estaría cubierto. ¿No les parece una pu..da?...
Esto solo tiene un nombre: discriminación… ¡y esto lo está haciendo la propia
Administración!
A tiempo están, nuestros gobernantes, de recapacitar
y rectificar. Si precisan incrementar la partida presupuestaria correspondiente
para hacer frente a esta contingencia quizá podrían mirar dentro de su propia
casa y prescindir de algunos de los muchos privilegios con los que la clase
política se ha dotado.
Es cuestión de que unos cuantos dispongan de algo
menos para que otros muchos puedan tener más. Así no se desequilibraría la
balanza económica y, hasta se haría un ejercicio de transparencia del que tan
necesitado están nuestros políticos.
Mientras tanto, como he dicho antes, ciudadanos de primera y de segunda.
Jesús Norberto
Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com
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