El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley de Educación (ya bautizada como Ley Celaá) y, como viene siendo habitual, sin el consenso mayoritario del espectro político de la cámara, ni de la sociedad a la que representa. Por tan solo un voto de diferencia han parido la octava Ley de Educación de la democracia, lo que de hecho nos avoca –de forma indefectible- a una derogación anunciada en el momento en que el gobierno cambie de signo político.
La pasada semana, los Presupuestos Generales del Estado lograron pasar su primer examen, tras el cual se abre un periodo interesante en el que las distintas comisiones tendrán que analizar, de forma pormenorizada, los detalles y la letra pequeña de lo que supone el proyecto más importante de los queel actual gobierno ha puesto en circulación.
El gobierno parece que no tiene mucho trabajo y se dedica, ahora, a crear organismos y comisiones para controlar lo que los demás hacen, y si estos son rigurosos con las noticias que vierten y que, ellos consideren, no son del gusto de las ‘autoridades competentes’.
