Las Comunidades Autónomas
Un freno a la unidad de mercado
Quienes mejor me conocen saben de mi postura
en favor de una libre economía de
mercado. Un modelo económico que está contemplado en nuestra Constitución, pero al
que se le aplican una serie de condiciones sociales en las que esta
liberalización debe encajar, con el objeto de no caer en lo que podría ser un
liberalismo salvaje.
España es uno de los países de Europa
donde más se legisla. Los Parlamentos autonómicos y nacional redactaron, tan
sólo en el año 2016, Los Parlamentos autonómicos y nacional redactaron, tan sólo en el año
2016, un total de 961.291 páginas de nuevas leyes, normas y reglamentos, de
las que 723.915 pertenecían a las Comunidades Autónomas. La fragmentación
que existe en el mercado español dificulta de forma considerable la actividad
de las empresas y les genera un alto coste en detrimento de su competitividad.
Según James
Roberts, investigador de la Fundación Heritage, “La sobrerregulación está asfixiando a las
empresas en España”. Esta afirmación la hizo hace unos meses, en el
transcurso de una conferencia, donde, además, manifestó su decepción por que “… las comunidades autónomas estén
fraccionando la unidad de mercado”.
A continuación, voy a poner algunos
ejemplos como muestra, y para ofrecer una mejor visibilidad al problema que
estoy planteando.
Un reciente informe publicado por la Asociación Nacional de Editores de Libros
de Texto destaca que una misma editorial tiene que hacer, para la misma
asignatura, distintas ediciones, según sea la Comunidad Autónoma donde
distribuirlos. La causa: además de las traducciones a las lenguas vernáculas
(si procediese), la necesidad de “ajustar”
los contenidos de los textos, de acuerdo con las instrucciones emanadas de las
distintas Autonomías, quienes tienen
competencias en la elaboración de la parte autonómica de los currículos. Esta
operación encarece las ediciones y repercute su coste en el consumidor final.
En el sector industrial nos encontramos
con la obligación a la que se enfrentan muchos fabricantes, a la hora de
etiquetar los productos que tienen que vender y en los que tienen que hacer
determinados cambios, según sea la normativa reguladora de cada Comunidad Autónoma. Lo que les obliga a
parar las líneas de producción y hacer los pertinentes cambios. Un proceso que
afecta a la economía de tiraje y aumenta el costo de su elaboración y envasado.
Existen un buen número de profesionales liberales,
de distintos sectores, que no pueden ejercer de igual forma en todas las CCAA. La hiperregulación existente en
España, donde en cada uno de los territorios autonómicos se regula por
separado, produce situaciones en las que muchos de estos técnicos tienen que
cumplir con diversas legislaciones y normas, según sea la región de España donde tengan que ejercer sus
trabajos. Lo que les impide el libre ejercicio de su actividad.
Y qué decir de aquellas empresas o grupos
financieros que, a la hora de invertir, se encuentran con distintas reglamentaciones
(como, por ejemplo, en el sector de la hostelería y los servicios), donde
podemos contabilizar hasta 15 leyes distintas, regulando el sector turístico,
según se trate de una Comunidad u
otra.
Como ya he referenciado, el origen de este problema se
encuentra, en gran medida, en el obsesivo afán regulatorio de las administraciones
autonómicas. La intromisión normativa de los gobiernos autonómicos tiene un
alcance que supera con creces cualquier límite razonable. Esta
situación, sin duda, ha estado afectando a la competitividad de ciertos
sectores de nuestra economía y, es por esto, por lo que el Gobierno de España
apostó, en el año 2013 por promulgar una Ley, que denominó de “Garantía de la unidad de Mercado”.
Esta Ley nació con la pretensión de
ayudar en la instauración de una libre circulación de bienes y servicios en el
ejercicio de la actividad económica, y su objetivo pasaba por eliminar barreras administrativas y trabas burocráticas.
Conocida como la ley de la 'licencia única' (bastaba una única
autorización, y no 17, para operar en todo el país), pretendía eliminar los
obstáculos que impedían la libertad de mercado en todo el territorio español. Sobre
todo, al haberse detectado la existencia de más de 130 normas que frenaban o distorsionaban el crecimiento empresarial, en
mayor medida, en los sectores del transporte, los servicios, la sanidad y el
consumo.
Sin embargo, poco duró la alegría en la casa del pobre.
El Tribunal
Constitucional, en 2017, tumbó algunos preceptos de esta Ley, al entender
que “colisionaban” con la legislación de determinadas autonomías, donde algunas
de estas competencias estaban transferidas. Una vez más, la proliferación de
los Reinos
de Taifas, nos pasaba factura y nos devolvía a la cruda realidad,
poniendo en duda algunas de las bondades del Estado Autonómico, en relación con determinadas competencias
administrativas transferidas.
España es una
nación no lo suficientemente grande, como para trocearla en diecisiete mercados
diferentes. Donde la competitividad se puede ver limitada por el uso de una
determinada lengua. Donde las reglas medioambientales, urbanísticas, o sanitarias
frenan el desarrollo y expansión empresarial. Y donde las distintas regulaciones de los colegios
profesionales impiden el libre ejercicio de algunos profesionales liberales,
encorsetados en sus respectivas normativas autonómicas.
Por eso, James Roberts decía que las Comunidades Autónomas suponen un freno a la
unidad de mercado. Y esto, como algunos
pretenden, no se soluciona con más autonomía.
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