¿Una nueva recesión económica?
Recientemente el New York Times publicaba
una encuesta en la que han participado el 82% de los directores financieros de
grandes empresas, miembros de la Global Business Outlook. En dicha consulta, los encuestados
opinaban sobre una posible recesión. Y mientras casi el 50% consideraba
que podría comenzar a finales de 2020, el resto creía que tendrá lugar a
finales de 2019. Pero en lo que todos están de acuerdo es en que se avecina una
nueva crisis, y tan solo difieren en las fechas.
Veamos. La CE ya ha hecho previsiones para 2019 y,
ante el frenazo de la economía alemana
(-7 décimas) y la práctica recesión técnica de Italia (crecimiento cero), se ha visto forzada a fijar en un 1,5% el
crecimiento global en la UE, (cuatro
décimas menos que el previsto). A su vez, España,
si bien sigue creciendo por encima de la media europea, también ve recortadas
sus aspiraciones de crecimiento, fijándolas en el 2,1% y avisándonos sobre la
ralentización en la creación de empleo motivada, en parte, por la subida del
salario mínimo.
Apoyándose en estos datos,
el gobierno de España sigue
insistiendo en la bonanza de nuestra economía y en la fortaleza de nuestro
sistema. Y se afana en referirnos las favorables perspectivas que arrojan estos
análisis, sobre todo si los comparamos con los resultados económicos de otros
países de nuestro entorno, que son algo peores.
Pero hay que poner las
luces largas y otear el horizonte. Y sobre todo saber que no estamos en una
isla, y que la globalización de la economía nos afecta, y mucho. Acordémonos
cuando, en el año 2007, el
Presidente Zapatero afirmaba que España
“juega en la 'Champions League'
económica”. Y lo corroboró añadiendo que “…la economía española está preparada como nunca lo ha estado”.
Efectivamente,
España, en estos momentos, goza de
una buena salud económica que debemos preservar, pero hay que estar atentos a
una serie de nubarrones que aparecen en la lejanía y que podrían ensombrecer el
panorama idílico que algunos están sosteniendo.
A
la inseguridad generada por los, ya clásicos acontecimientos, del BREXIT y la guerra comercial China-EEUU, hay que añadir una serie de
factores endógenos, entre los que es importante resaltar la reciente subida de
las pensiones, que ha supuesto un desembolso de algo más de mil millones de
euros al erario público.
Otro aspecto a tener en
cuenta, es la posible contrarreforma laboral, que sigue anunciando el gobierno,
y que prevé endurecer el despido, modificar la normativa sobre los Convenios
Colectivos, e introducir diversos cambios productivos en la digitalización. La
materialización de estos cambios, se calcula podría suponer el despido de unos
12.000 trabajadores, tan solo en este año.
La anunciada subida de costos
de la Seguridad Social, para las
empresas, anunciado por el Secretario de Estado el pasado 31 de enero, es otro
de los ingredientes que van a generar incertidumbre y afectarán a las nuevas contrataciones.
Según un estudio, recientemente publicado, la falta de estabilidad generada por
los acontecimientos políticos va a propiciar una reducción de la contratación
en el grupo de
trabajadores de entre los más jóvenes
y los de mayor edad. “Pudiendo ser significativo para los
trabajadores más vulnerables”.
Los
Presupuestos Generales del Estado, recientemente tumbados en el Congreso,
habían sido duramente criticados por diversos organismos económicos (algunos
internacionales), habiéndose calculado el desfase entre ingresos y gastos en
unos 11.000 millones de euros, que hubieran engrosado el déficit, ya de por si
inasumible, que tiene nuestro país.
Otra borrasca laboral en ciernes, la configura los ERE que se anuncian. El que mayor
número de afectados es el del Banco
Santander, que propone despedir a 3.000 empleados, un 10% de su plantilla
en España. CaixaBank también ha
anunciado otro ERE con 2.157 afectados. La cadena de supermercados Dia, tras perder 352 millones de euros
en 2018, ha decidido la salida de 2.100 trabajadores para reducir costes. Sin
contar otras empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo, como
las VTC de Cataluña, Vodafone, Alcoa o Airbus.
Por otra parte, está la obsesiva fijación de Sánchez por elevar el gasto público a
costa de un incremento de la presión fiscal: "…no
podemos tener un sistema fiscal de tercera para un Estado de Bienestar de
primera… queremos un sistema fiscal con una presión cercana al 42%”, (ahora está alrededor del
38%). Cuando el Presidente hizo estas declaraciones, el equivalente a esta
subida de impuestos suponía casi
40.000 millones de euros (un 4% del PIB).
Lo que está
claro es que un mayor gasto público se financia con una mayor recaudación (más
impuestos), lo que nos lleva a un mayor empobrecimiento. Pero es que,
además, cuando hablamos de aumentar la recaudación, nos hacemos trampas en el
solitario e hinchamos la previsión de ingresos, lo que nos lleva directamente
(al no cumplir estos objetivos) a un mayor déficit, que aboca,
indefectiblemente en una mayor deuda.
España es,
en la actualidad, el undécimo país
del mundo con mayor volumen de deuda pública, y el pago de los intereses de la misma alcanzó los
32.935 millones de euros en 2017, lo que representa el 2,6% del PIB y un desembolso de unos 90,2
millones de euros al día. En un momento
en que el BCE ha anunciado
que dejará de comprar bonos, se va a provocar, de hecho, la elevación de los costes de la deuda, y obligará a destinar más dinero de las
cuentas públicas a pagar intereses. Un escenario en el que los analistas
económicos de Moncloa no se han
situado todavía, mientras tratan de recomponer la tramoya que sostiene los
decorados de una extinta legislatura que se les escapa entre los dedos.
¿Estaremos ante una nueva recesión económica? Que Dios nos
pille confesados.
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