Los Colegios Profesionales

 

Leo en la prensa: “Ciudadanos aboga por la colegiación obligatoria de los médicos de la Región” (La Opinión, 25/11/2020). Leído, así, en titular, podría parecer que Murcia es la única autonomía que no exige la colegiación para el desarrollo de la profesión sanitaria en su totalidad. Pero nada más lejos de esta interpretación, ya que –leyendo entre líneas- se percata uno de que este hecho solamente incumbe al personal del Servicio Murciano de Salud. Es decir, al personal funcionario, ya que el resto de la profesión sí que está sujeto a la colegiación obligatoria.

Una decisión (la defensa de la colegiación obligatoria) que me ha extrañado, al venir de la mano de un partido –Ciudadanos- que se autoproclama como liberal y se le supone una composición genética alejada de la defensa del corporativismo y de los corsés estructurales que pretendan coartar el libre ejercicio de una profesión.

En España tenemos una longeva tradición corporativista y proteccionista, y buena prueba de ello es la subsistencia de determinadas entidades y organizaciones que, como los Colegios Profesionales, son –en algunos casos- instituciones decimonónicas, cuya labor –en ocasiones- no responde a la realidad profesional que hoy demandan quienes pretenden alcanzar un mayor grado de competitividad y eficacia. Sobre todo, en lo referente a la colegiación obligatoria que, en algunos casos, todavía se exige para el ejercicio de determinadas profesiones.

La Unión Europea está en contra de este tipo de agrupaciones que, al socaire de un mejor ejercicio profesional y de la salvaguarda de los derechos de los consumidores, pretenden ser meros chiringuitos monopolísticos que coartan el ejercicio de estos profesionales.  No tengo nada en contra de la existencia de la colegiación ni de la existencia de cualquier tipo de organización profesional, más bien al contrario; pero en lo que no estoy de acuerdo es en la obligación de afiliarse para ejercer uno su profesión. Una vieja costumbre que nos hace rememorar viejos hábitos olvidados, derivados de la época de los Sindicatos Verticales. Lo mismo ocurrió con las Cámaras de Comercio, ¿se acuerdan ustedes? La cuota era obligatoria para todas las empresas, sin excepción; hasta que llegó un día en que esta situación no se soportaba y la UE nos obligó a reconsiderarlo.

Los Colegios Profesionales nacieron con la vocación de prestar el mejor servicio a los ciudadanos y velar por la ética y la deontología profesional como señas de identidad. Sin embargo, en algunos casos se han convertido en meras asociaciones corporativas, que prestan más atención a resolver problemas de los asociados y se olvidan de esos mismos ciudadanos a los que pretende ‘proteger’. Un hecho que, por otra parte, los propios profesionales han criticado en ocasiones, reconociendo la imagen clasista que estos transmiten a la sociedad.

En su momento, el Parlamento Europeo aprobó (en 2006) una directiva, a través de la cual se identificaron un total de noventa barreras a la competencia que, los diversos países, deberían erradicar de sus respectivas legislaciones. Esto dio como consecuencia la aprobación en España, en diciembre de 2009, de lo que se denominó como la Ley ómnibus. Una Ley que modificó sustancialmente un buen número de normas y preceptos legislativos, reduciendo de 89 a 38, las profesiones que requerían la colegiación obligatoria, con lo que se trataba de armonizar estas normativas a lo que, en la mayoría de países europeos, está establecido.

Un paso decisivo, aunque no definitivo, en la línea marcada por Bruselas relativa a la liberalización de los diversos sectores profesionales. Y algo que, sin duda, produce una cierta preocupación entre los responsables de estas organizaciones colegiales, quienes ven un peligro para la subsistencia de estas, sin el seguro que les proporciona la obligatoriedad de asociación.

Como ya he referido, igual pasó con las Cámaras de Comercio, y –sin embargo- estas han sabido reconvertirse y aportar una serie de servicios que han hecho atractiva la pertenencia a estas corporaciones, satisfaciendo las cuotas -eso sí, ahora voluntarias-. Una medida que las ha dotado de una mayor credibilidad, así como de un mayor fortaleciendo de la imagen de estas entidades.

Soy consciente que en algunas profesiones (abogacía, sanitarias y algunas técnicas) es difícil prescindir de la colegiación obligatoria, más por inercia y tradición que por los beneficios que se produzcan a través de la propia afiliación. Se necesita que transcurra un tiempo para que la mentalidad de la sociedad sea capaz de entender que la profesionalidad, la ética, la moral o cualquier otra cualidad u obligación que se precise ejercer desde una profesión liberal, no precisan de ninguna tutela asociativa que les dirija ética y profesinalmente.

La mera obtención de una titulación debe capacitar suficientemente para el ejercicio de una profesión determinada. Y para velar y corregir las desviaciones que se pudieran producir, o sancionar la transgresión de cualquier tipo de norma o precepto, para eso ya está la legislación ordinaria, más que suficiente para la preservación de la legalidad y para conseguir el más pulcro cumplimiento de las reglas establecidas.

Es un concepto liberal que, reconozco, va a costar establecerlo; pero al que no deberíamos renunciar, en aras a dotarnos de una mayor responsabilidad y libertad en el ejercicio de la actividad profesional.

Al menos, esa es mi opinión y…, sin ánimo de polemizar, así lo expreso.

Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com