Despolitizar la justicia
Quizá les pueda extrañar que, con la que se ha montado en Murcia con la moción de censura, no dedique mi artículo de hoy a tan suculento plato informativo, pero –como ya les apuntaba en anteriores ocasiones- prefiero dejar que ‘escampe’ y opinar cuando las aguas no estén tan revueltas y ustedes tan cansados de tanto vodevil.
Si bien en el “paquete” de renovaciones pendientes,
figuraban diversos organismos cuyos mandatos habían caducado, la guinda la
ponía –como no podía ser de otra forma- la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y una parte del Tribunal Constitucional. Un hecho que
no puede pasar inadvertido, ya que tiene una alta trascendencia al tratarse de
una operación a través de la cual se podría controlar al
controlador. Más claro: si el gobierno elige a los que tienen que nombrar
jueces y ordenar la gestión de los órganos judiciales, estarán consiguiendo que
esos nombramientos sean concordantes a los fines que a ellos les interesan.
Dicho de otra forma: habrán conseguido configurar un gobierno autárquico,
aglutinador de los otros dos poderes (el legislativo y el judicial), y totalmente
afín a sus intereses personales y de partido. Como ya anunció Alfonso Guerra, se estarían cargando de
un plumazo la ya utópica división de poderes de Montesquieu.
En España
estamos padeciendo un duro ataque a la democracia, por parte de la partidocracia
que nos gobierna. Un régimen instaurado que está personalizado por los dos
partidos mayoritarios (PSOE y PP), y secundado por PODEMOS, una formación que vino a
regenerar la decadente política que se había instaurado en nuestro país, y que
se ha configurado como el paladín de la decadencia política y usuario mayor de
las malas prácticas que prometió erradicar.
Es inaudito que algo tan esencial y consustancial a
la democracia, como es la división de poderes, contemplada y garantizada en
nuestra Constitución y que
deberíamos preservar por encima de todo, los partidos políticos se la quieran
cargar colándose por la gatera y tratando de socavar la independencia del poder
judicial, que es la piedra angular sobre la que pivota todo el sistema sobre el
que se sustenta un Estado de Derecho.
Ante tamaña tropelía, los líderes de algunas
formaciones políticas no solo no se avergüenzan, sino que hasta tratan de justificarlo.
Es el caso de Pablo Iglesias, quien
–en unas declaraciones- justificaba este desaguisado con la necesidad de que
las instituciones (léase el CGPJ)
deberían tener una composición acorde con la pluralidad ideológica que existe
en el Congreso. De ahí que exigiese
su correspondiente “cuota”. Pero, eso sí, no reclama lo propio para VOX, que tiene 17 diputados más que la
formación morada y, sin embargo, no participa del pasteleo. ¿Por qué? ¿Cuál es
el hecho diferencial que santifica un derecho y niega el otro... cuando el
partido de Abascal ha obtenido más
votos que el de Iglesias?
Una respuesta podría ser la de atribuir a VOX el liderazgo de la extrema derecha…
y yo me pregunto ¿y Podemos?... un
partido que propicia y apoya el separatismo, alienta los disturbios y algaradas
callejeras desestabilizadoras, que pretende controlar los medios de
comunicación (y ahora el poder judicial) y que, en suma, está decidido a
pulverizar todo aquello que emane de la transición política española… ¿no es
merecedor a liderar la extrema izquierda? Yo considero tanto a Podemos como a VOX en los extremos del arco parlamentario, otorgándoles los mismos
‘méritos’ y capacidades para liderar –cada uno de ellos- el espacio político
que se han ganado a pulso.
Ninguno de ellos debería tener el derecho de
mangoneo que se quieren subrogar, por más que se enfunden en esa vitola
democrática de la que ya nadie se fía. Y
cuando digo ninguno, me refiero a que NADIE, ni los más extremistas, ni los más
centrados o los más independizados, deberían disponer de esa facultad
intromisoria que tan burdamente se han proporcionado a base de cambiar a su
antojo las leyes y adaptarlas a sus necesidades más espurias. Una injerencia
estratégica diseñada para tapar las vergüenzas de aquellos que, sin ningún tipo
de escrúpulos, pretenden blindar sus privilegios mediante la impunidad que les
facilitaría este tipo de maniobras.
En mi opinión, y mientras se mantenga el riesgo de
interferencia por parte del poder político, se debería cambiar el método de
elección de los jueces, con el objeto de profesionalizar el sistema de
nombramiento de sus órganos de gobierno. Es cierto que la mayoría de los jueces
no se sienten presionados por este tipo de prácticas corruptas, pero -aunque
solo sean unos pocos los que les guste flirtear con la clase política oligarca-
es razón más que suficiente como para no creer en el actual modo de elección y
apostar por la garantía que nos brinda la independencia y profesionalización de
la mayoría de la carrera judicial.
Cuando en España,
el poder legislativo ya ha sido fagocitado por el ejecutivo, mediante el férreo
control que ejerce sobre ambas cámaras, si ahora lograran controlar el poder
judicial nos convertiríamos, de facto, en una democracia intervenida y
manipulada por el gobierno.
De ahí que se haga imprescindible la despolitización de la justicia; algo
que ya se planteó en su momento, pero que no les conviene a los partidos con
opciones de gobernar, ya que perderían la posibilidad de injerencia que, al
amparo de la palabra democracia, están ejerciendo,
mediante la intervención y coacción de las instituciones del Estado.
Jesús Norberto
Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com
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