Es la hora de la justicia

La Administración de justicia, en España, no está pasando últimamente por sus mejores momentos. Algunos procesos polémicos, como el llamado caso “de las hipotecas”, la contestada sentencia sobre “la manada”, o la lamentable película que se montó con motivo de la fallida renovación del CGPJ, son, entre otras, unas actuaciones que no han dejado muy bien parado a uno de los tres poderes fundamentales del Estado.

Yo mismo he criticado, en alguna de mis crónicas, el pasteleo que se llevan en algunos órganos de la jerarquía judicial, donde el mangoneo político ha hecho mella en la imagen de imparcialidad, de la que la judicatura tiene que hacer gala. Aunque he de reconocer que –en algunas de estas cuestiones- no se les deba atribuir la totalidad de las responsabilidades.

Por otro lado, no es menos cierto que la patata caliente que le ha caído, en todo lo referente al denominado juicio del procés, va a suponer (lo está siendo ya) una prueba de fuego que va a marcar un antes y un después en la credibilidad de nuestro sistema de justicia.

Hasta ahora, la mejor lección de transparencia y democracia la está dando el tribunal que preside el magistrado Marchena.  Un juicio que se está retransmitiendo en vivo y en directo, y sin ningún tipo de cortapisa o instrumentalización; y de una pulcritud jurídica que está dejando sin argumentos a los partidarios del secesionismo que habían criticado duramente la imparcialidad de la justicia en España. 

La primera parte del juicio oral se dedicó a la exposición de los hechos, por parte de la fiscalía, la acusación particular y, por supuesto, la de los acusados y sus defensas. Y en ese apartado, lógicamente, estos últimos (como no podía ser de otra forma, y en su justo derecho) arrimaron el ascua a su sardina, negando la mayor y la menor. Y, al tiempo, aprovecharon que el Pisuerga pasa por Valladolid, para cargar contra el “aparato represor” del Estado, esgrimiendo el mantra de la violencia policial como único responsable de los incidentes callejeros que se produjeron en aquellas fechas.

A continuación, fue el turno de los primeros testigos, de los casi seiscientos propuestos para prestar declaración. Y aquí las tornas cambiaron, y no se lo han puesto demasiado fácil a los abogados de la defensa.

Quizá uno de los momentos más reveladores y, al tiempo, revestido de cierta farsa tragicómica, si no fuera por lo dramático de los acontecimientos, fue cuando uno de los testigos relató una reunión convocada por la Generalitat, a la que asistieron los representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los Mossos. De verdaderamente kafkiano, lo calificó este testigo, ver sentados en una misma mesa a los organizadores del referéndum y a los que (por mandato judicial) tenían la obligación de prohibirlo. De esperpéntico se podría considerar, si no fuera porque estamos curados de espanto, ponerse a diseñar los procedimientos para evitar la consulta, en una mesa presidida por quienes la habían convocado. 

En otra comparecencia posterior, Manuel Castellví, uno de los responsables de los Mossos, confesaba que informó al Consejero de Interior, Joaquim Forn, sobre un informe de inteligencia que “le quemaba en las manos”, y en el que se reflejaba que el uno de octubre se podría producir “una escalada de violencia”. Así mismo advirtió de la imposibilidad de acometer el mandato judicial, con el operativo que los jefes políticos habían diseñado. A lo que el president, presente en la reunión, dijo que comprendía la situación, pero que había un mandato del pueblo para celebrar el referéndum y su decisión era que el referéndum se iba a hacer, sí o sí.

Estos hechos, y los que iremos conociendo en lo sucesivo, son un fiel reflejo de la chapuza tan descomunal que se produjo alrededor de este golpe a nuestro Estado de Derecho. Un ataque frontal al modelo de convivencia que nos dimos en la transición y que, a pesar de la gravedad y de las innegables responsabilidades de quienes lo han promovido, también es necesario señalar la deficiente gestión (en algunos casos por inacción –o dilación-) del Gobierno de la nación en relación con estos acontecimientos.

A nadie se le escapa que todos los actores participantes en este sumario están más pendientes de las formas que del fondo, por lo que se refiere a las sesiones del juicio. Y, sobre todo, en lo referente al comportamiento de los Magistrados que componen la Sala del Supremo. El Tribunal Superior de Derechos Humanos de Estrasburgo va a ser el destinatario final de este proceso, sea cual fuere la sentencia que se emita.

Este Tribunal europeo no juzga el fondo, ni los aspectos judiciales (pruebas, calificaciones…) relacionados con el procedimiento. Y se remite –exclusivamente- a dictaminar sobre las posibles violaciones de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Pero es un altavoz importante para todos aquellos que, aun a sabiendas de que pudieran tener una sentencia condenatoria, lo que pretenden es darle al “conflicto” una dimensión internacional. Y nada mejor que este tipo de salvaguardas para conseguir este otro fin que, por otra parte, ya dan por conquistado.

De nada van a servir los argumentos jurídicos que se esgriman en este proceso, ni las más que previsibles condenas que se impongan (independiente del grado de las mismas). Los partidarios de la secesión ya cuentan con ello. Lo que realmente pretenden, con el circo que han montado, es asegurarse la presión sobre el Estado y tratar de doblegar la débil posición que el gobierno español mantiene en este tour de force.

Ante la esperpéntica división producida en el seno de las formaciones mal llamadas constitucionalistas, los partidos independentistas (que tampoco es que estén a partir un piñón) van a tratar de forzar la situación, incitando a la desobediencia y provocando tensiones.  A sabiendas de que el actual gobierno no va a hacer nada por evitarlas, dado que podría necesitarles para continuar en La Moncloa, tras las próximas elecciones.

Se echa en falta un mayor sentido de Estado en nuestros políticos. Al menos las formaciones políticas que no son rupturistas, y que conforman el 80% del arco parlamentario, deberían conformar un pacto donde quedaran reflejadas las líneas rojas que jamás se deberían traspasar. Aunque luego se tiren los trastos a la cabeza en otros asuntos menos relevantes, al menos deberían ser capaces de preservar la unidad de España como un concepto inamovible.

España disfruta de un régimen democrático. Imperfecto, pero democrático, por más que algunos –de manera torticera e interesada- lo cuestionen. En este momento, y por mor de los acontecimientos acaecidos en Cataluña, es la hora de la justicia. Pero también es la hora de los Estadistas. La pregunta que yo me hago es ¿queda alguno?

Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com