La división de poderes en España

La división de poderes

 

Mi artículo de esta semana lo voy a dedicar a la pretendida y nonata reforma de la Ley que regula el Consejo General del Poder Judicial. Uno de esos temas estrella que, últimamente, han estado en el candelero y que ha logrado que España haya sido protagonista en varios foros internacionales de la UE; especialmente en aquellos en los que se otean las posibles derivas totalitarias que algunos gobiernos plantean, intentando hacerse con el control absoluto del poder.

En España el poder ejecutivo (el gobierno) ya controla, de una forma efectiva, al poder legislativo (el parlamento). Es obvio que la disciplina de partido funciona en nuestro país de forma autoritaria, ejerciéndose un férreo control sobre sus parlamentarios, a los que se les adoctrina sobre lo que tienen que hacer y hasta lo que tienen que pensar. Esta situación (a la que yo califico de corrupción política) propicia que uno de los “poderes” del Estado (el parlamento) ya no sea independiente de los otros; de ahí que los gobiernos de turno estén tentados de hacer lo propio con el poder judicial, para así tener controlado todo el entramado político-jurídico-administrativo en nuestro país.

Esta dinámica, a la que por desgracia se abocan algunos regímenes con el pretexto de que no les pongan “palos en las ruedas”, produce -de facto- unas consecuencias infaustas que nos llevan directamente a la configuración de un Estado autocrático en el que el poder omnímodo está en manos de un solo estamento… y eso, en Román paladino, se llama dictadura.

Si se produjera la pretendida modificación legislativa, la división de poderes, a la que aludía Montesquieu y que –en su día- “enterró” nuestro ancestral vicepresidente Alfonso Guerra, estaría a punto de desaparecer en nuestro país.

Es curioso, cuando no preocupante, escuchar a algunos de los voceros habituales que dicen representar a los particos proponentes de tal desaguisado, cuando tratan (sin convicción alguna) de justificar lo injustificable, y se sacan de la manga algunas frases hechas y preparadas, dentro del decálogo argumental que el comunicador de guardia les ha preparado para ese día: “…es democrático que el parlamento elija a los jueces, y que estos representen, en su órgano de gobierno, las nuevas mayorías que se han producido en Las Cortes, fruto de las pasadas elecciones…”

¿Pero no quedamos en que son dos poderes independientes?... Entonces ¿cómo va a ser ‘democrático’ que uno de ellos elija a los miembros del otro?... ¿Dónde estaría esa pretendida independencia que se le debe suponer al poder judicial?

En mi corta andadura como ‘escribidor’ ya he aludido a este tema, en varias ocasiones, y he manifestado mi desacuerdo con el sistema actual de elección de los miembros del CGPJ. Mi postura ha sido, siempre, favorable a que la elección se haga entre y por parte de la judicatura, por más que a algunos les parezca un acto de corporativismo, contrario a las prácticas democráticas.

Lo que es contrario a cualquier actitud democrática es subrogarse el derecho a ejercer ese tipo de elección desde un parlamento que, sabemos, no goza de la independencia necesaria, por más que los parlamentarios a sueldo digan que han sido elegidos por el ‘pueblo’. Que yo sepa los jueces también dimanan de ese pueblo y son miembros de una sociedad plural donde cada cual, por supuesto, tiene su propia ideología. Pero no es menos cierto que la mayoría desarrollan su actividad atendiendo a la independencia e imparcialidad propias de cada uno de ellos. Por tanto, a mí no me vale la cantinela que los partidos utilizan, intentando desacreditar el concepto básico que debe regir la acción judicial (la profesionalidad e independencia), cuando lo que se pretende, no nos engañemos, es controlar un bastión que les es muy necesario para afianzar su poder absoluto y absolutista, ante una sociedad que quedaría huérfana del amparo de una justicia verdaderamente independiente.

Es obvio que la administración de justicia precisa de cambios estructurales de calado, y que, esta, no es que sea tampoco un dechado de virtudes ni, todos sus integrantes, infalibles en el ejercicio de sus competencias. Pero, en todo caso, se debería actuar (como nos han recomendado desde la UE) en la línea de conseguir una mayor independencia y autonomía con respecto a los otros poderes del Estado. Mientras tanto, es preferible entonar el “madrecita que me quede como estoy”, a que el gobierno intente ‘salvarnos’ echándonos un lazo al cuello.

Gabriel Rufián (ERC) ya apuntaba que era un error promover este órdago, por lo que de cortoplacismo tiene. Y advertía: ‘se imaginan ustedes que la ultraderecha gobernara en algún momento y tuviera en sus manos esta herramienta…’

Pues eso mismo es lo que yo pienso. Y lo que no entiendo es que los sesudos asesores del gobierno que han instigado a su Presidente a tomar este endiablado camino, no se les haya ocurrido aquello de que no hay ‘gobierno’ que cien años dure, y …algún día vendrá que otro le relevará.

Y entonces, algunos se acordarán de las palabras premonitorias del Sr. Rufián… y podrán decir aquello de… ¡pobre de mí!

Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com