Una economía en precario

La recientemente presentada Ley de Presupuestos para 2021, supone –sin duda- el proyecto más importante de los elaborados por este gobierno, en el que se plantea una partida que se juega en el tablero de la economía, y donde se han trazado las líneas programáticas que marcan la senda desde la que se pretende hacer frente a la crisis económica y social más importante que nuestro país ha sufrido desde la guerra civil.  

En mi modesto entender, el presupuesto -al que no pongo ninguna objeción en el capítulo de gastos- sin embargo, tiene un punto débil que está centrado en los ingresos. Tanto en el monto de determinadas cantidades previstas (a mi juicio, alejadas de la realidad) como en la procedencia de los mismos que, intuyo, van a producir el efecto contrario al que se pretende.

Por más que el gobierno nos quiera confundir, la subida de la presión fiscal sobre la tan maltratada clase media es un hecho irrefutable. Cuando hablan de que van a subir el IRPF a las rentas más altas (más de 300.000 €) no nos cuentan que tan solo hay 36.000 contribuyentes, en España, con este nivel de ingresos. Por otra parte, las grandes fortunas están blindadas y protegidas por las SICAV, lo que deja poco margen de maniobra para meterle mano al IRPF, y eso obliga a meter la mano, por diferentes vías, en el bolsillo del resto de los modestos contribuyentes: reducción de beneficios fiscales en los planes de pensiones, subida del impuesto sobre el patrimonio, un impuesto especial al diésel, a las bebidas azucaradas y a los envases de plástico de un solo uso, suben las primas de seguro, un nuevo impuesto para la gestión de residuos, etc…

Si analizamos la naturaleza de los conceptos impositivos expuestos no queda duda que los principales consumidores y, por lo tanto, agravados con estas subidas, son la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Es decir, la clase media que, como siempre, va a resultar la más damnificada. Por otra parte, están los ingresos previstos mediante el gravamen de las transacciones financieras (tasa Tobin), y la tasa google (servicios digitales), sobre los que nos han querido vender la burra de que son impuestos que pagarán las grandes empresas multinacionales y la banca. Otra nueva falacia y algo que no va a suceder, dado que estas entidades lo van a repercutir en sus clientes, por lo que -una vez más- los paganinis seremos la misma clase media que nos convertimos en objetivo subsidiario y receptivo de estos gravámenes.

La mayoría de estas figuras impositivas han sido el trágala que el Partido Socialista ha tenido que sufrir, dada la actual composición de este gobierno de coalición. No me cabe ninguna duda que este no es el presupuesto que hubiera presentado el PSOE, de haber estado liberado del yugo que le está imponiendo su socio de gobierno, Podemos. Por eso es curioso escuchar lo que (sotto voche) manifiestan algunos altos cargos del gobierno, cuando –para tranquilizar al graderío, que anda un tanto revuelto- manifiestan su confianza en que el trámite parlamentario ‘reconduzca’ algunos de los aspectos más lesivos que este proyecto presenta.

En contradicción con lo que está ocurriendo en España, en la mayoría de los países de nuestro entorno han optado por una medicina radicalmente opuesta a la que nos van a suministrar a nosotros. Rebajas de impuestos por valor de veinte mil millones de euros, en Francia, y de seis mil en Portugal; Reino Unido rebaja el IVA del 20% al 5%; Italia y Alemania reducen considerablemente el IRPF; y Grecia, que suprime el IVA. De nuevo España es el único de los grandes países europeos que sube sus impuestos para hacer frente a esta crisis. Una vez más nadando a contracorriente, que es como nos gusta a nosotros hacerlo, para demostrarle al mundo que, el resto, lleva el paso cambiado.

Como refería al comienzo, el agujero real de este presupuesto se encuentra en el falso espejismo que se produce cuando, para cuadrar el mismo, se recurre a la subida generalizada de impuestos, en la que subyace una pequeña trampa que trataré de aclarar a continuación. Si la base de los ingresos presupuestarios está sustentada en aquellos impuestos que, en mayor o menor medida, están basados en las rentas del trabajo y en el consumo; una reducción drástica de este (como ya está sucediendo) da como consecuencia una menor producción y, por tanto, una menor recaudación. Por otra parte, el paro es obvio que va a subir significativamente como consecuencia de los confinamientos y las restricciones propias que está provocando la pandemia. Y si a eso le añadimos el descontrol generado por los diecisiete Reinos de Taifas que nos desgobiernan, el resultado es un estado de inseguridad, que va a producir una recesión de las inversiones y un mayor desempleo, lo que equivale a menos cotizaciones por rentas del trabajo, menor recaudación de impuestos y más subsidios… O lo que es igual: más déficit para las arcas del Estado.

En un país como el nuestro, con un régimen de libre economía de mercado, las empresas –y más concretamente las PYMES, que son el 90% en nuestro país- son el motor que hay que engrasar y tenerlo en condiciones, ya que –sin estas- la actividad económica colapsaría. Sin embargo, el gobierno no es que se haya prodigado en ayudar a este sector tras el descalabro originado por la pandemia. Mientras en otros países se ha primado a la empresa y al comercio a través de transferencias directas, aquí nos hemos limitado a prestar dinero (a través del ICO) que, por cierto, hay que devolver, y a utilizar los ERTES como punta de lanza de un plan de ayuda que, como mínimo, se podría tildar de cicatero.

Nos estamos jugando el futuro de buena parte de nuestra sociedad, y esto no lo vamos a solucionar con unos presupuestos que, más bien, parecen una operación cosmética aplicada a una economía en precario.

Estaremos atentos a la pantalla, pero esto pinta mal.

Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com