Sobre la presunción de inocencia
También
es un principio fundamental contemplado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, así como en
innumerables tratados internacionales y convenciones universales. Lo cual no
quita para que, desde un tiempo a esta parte, en nuestro país, nos hayamos
olvidado materialmente de este fundamento, para dejarnos llevar por las iras y
las fobias cainitas, producto de la repercusión mediática que muchos casos y
procesos judiciales están generando.
De
todos es sabido que una de las principales causas por las que sistemáticamente
se vulnera la presunción de inocencia son todos aquellos procesos judiciales
abiertos como consecuencia de la corrupción política, o aquellos otros en los
que la temática ha sido objeto de una atención especial (en algunos casos
desmesurada) por parte de los medios de comunicación. Consiguiendo convertir en
estrellas mediáticas a ciertos personajes que, si no fuera por esta situación,
pasarían desapercibidos y –por tanto- exentos de cualquier juicio social de
carácter global.
Nos
hemos olvidado, por tanto, de la presunción de inocencia y, por regla
general, cada vez que aparece un nuevo caso al que dirigir nuestra atención,
por el mero hecho de que se le otorgue el calificativo de investigado, la sociedad
ya lo ha calificado como culpable. Y a todo esto, sin mediar
juicio alguno al que todos tenemos derecho ni que se culminen esas
“investigaciones” que son las que dan lugar al calificativo y que son necesarias
para concluir con un resultado –al menos y en apariencia- adecuado a los
procedimientos judiciales.
Son
innumerables los casos que se podrían citar y que dan fe de lo que he
manifestado, pero tan solo voy a referir dos de ellos como muestra palpable de
esta realidad que nos invade.
Uno de
ellos se refiere a una causa abierta contra un dirigente político en una región
mediterránea, el cual fue encausado (investigado) por una serie de actuaciones
que no voy a evaluar y que no es el motivo de este artículo. Pues bien, sin
entrar en el fondo de la cuestión, uno de los hechos que se le imputaban eran
unas conversaciones, cuyo audio fue grabado y difundido de forma generalizada y
con todo lujo de detalles, y donde se refería al cobro de unas comisiones
acordadas previamente. Ni qué decir tiene el linchamiento mediático que soportó.
Y he aquí que casi un año después de haberse hecho público este hecho, al
levantarse el secreto del sumario, se descubrió que esa conversación no
pertenecía a la persona a la que se le había imputado en un principio.
Otro
hecho, este creo que más grave todavía, lo recordarán Vds., se trata del caso Rocío Wanninkhof, en Mijas (Málaga). Donde un jurado popular
condenó a la acusada, Dolores Vázquez, a 15 años de
prisión por el asesinato de la primera (en octubre de 1999). Recordaran Vds.
que esta persona sufrió un acoso mediático y social, propiciado por un ambiente
de histeria popular que estuvo alentado por la familia de la víctima y apoyado
y coreado por los medios de comunicación. Y todos sabemos que esa situación
influyó sobremanera en el jurado que la condenó en primera instancia, ya que,
posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el juicio.
El citado Tribunal consideró que la gran
repercusión que el crimen había tenido en los medios de comunicación, y la
marea de opinión pública contra Dolores Vázquez habían tenido una influencia
decisiva en un jurado popular formado por ciudadanos legos en Derecho. La
imputada fue puesta en libertad y el segundo juicio no llegó a celebrarse ya
que, posteriormente, se descubrió que el verdadero asesino fue otra persona.
Cuando
alguien presenta una denuncia, o esta se inicia de oficio por la Fiscalía, lo
primero que hace un juez es formular una “investigación”, y como consecuencia
de ello designar a una serie de personas como “investigadas”, para poder darles
las herramientas jurídicas que nuestro ordenamiento permite en orden a la
legítima defensa. Este hecho es habitual en cualquier país de nuestro entorno. La
diferencia es que, en España, si la tipología del delito o bien las personas
investigadas tienen una componente mediática, entonces las elevamos a la
categoría de “acusados”. Y, en algunos casos, los consideramos directamente como
“culpables”.
Esta
situación no solo afecta a la clase política, sino que también está afectando
al resto de la sociedad, y a quienes podríamos denominar como la “sociedad
civil”. Que igualmente están sufriendo lo que no es ni más ni menos que una
privación de sus derechos civiles, como se demuestra en uno de los casos expuestos
anteriormente.
Como
consecuencia de esta reflexión y ante esta realidad, es muy fácil predecir que,
si alguien quiere cortarle la carrera política o profesional a algún ciudadano
que no le caiga bien, es tan sencillo como presentar una acusación (aunque esta
no tenga fundamento). Como consecuencia de ello, el juzgado va a iniciar la
correspondiente investigación, y en el momento en que califiquen a esta persona
como investigado, ya le han cercenado su trayectoria profesional. Y no es que
yo esté defendiendo a los chorizos (que los hay), lo que estoy haciendo es
ponerme en la piel de los “otros”, es decir, de los buenos (que también los
hay).
Quiero
traer aquí a colación lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. Por ejemplo,
en Francia. Donde, hasta que no hay una sentencia emitida por un tribunal, no
se considera cuestionado ningún ciudadano y menos que se le pueda impedir
ejercer sus legítimos derechos ciudadanos. Ahí está el caso de Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, imputada desde
2014 en un procedimiento por corrupción en el denominado Caso Tapie. O al mismísimo Nicolas
Sarkozy,
también imputado por un delito de corrupción y tráfico de influencias (2012), quien
lideró su partido al tiempo que se postuló y concurrió como candidato a las
primarias en unas elecciones presidenciales.
Está
claro que en España estamos pagando los platos rotos de una etapa plagada de
innumerables casos que han sobrepasado la capacidad de asimilación de nuestra sociedad.
Unos ciudadanos que estamos hartos de tanta podredumbre y cansados de ver como
aquellos que nos piden su confianza para ejercer un cargo, en nuestra
representación, lo están utilizando para otros fines directamente ligados a sus
intereses personales. Y prueba de ello es la creciente intolerancia que esa
misma sociedad está mostrando con respecto a la presunción de inocencia y
a admitir la más mínima indulgencia en un tema que nos ha rebasado, pero en el
que hay que reconocer que se está perdiendo la objetividad.
No
obstante, reconozco que esta postura, tomada de una forma indiscriminada, está
causando una serie de daños colaterales que, en la mayoría de los casos, son
fruto del calentamiento quienes están pidiendo a gritos una regeneración
profunda de la clase política.
Podemos
ser íntegros e inflexibles con la corrupción, pero, al mismo tiempo, debemos
ser prudentes. Seamos mesurados en nuestros juicios de valor y evitemos unirnos
a esa pléyade de voceros indocumentados que, a diario, están alimentando la
presión en nuestra sociedad. Estoy
seguro que, además, ayudaríamos a aliviar la coacción que muchas personas
inocentes están sufriendo ahora.
Yo ya
lo estoy haciendo.
Jesús Norberto
Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com
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