A vueltas con la política y los privilegios

El gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado su andadura, en esta casi extinta legislatura, con un aluvión de propuestas y proyectos que, a seguro, no le va a dar tiempo a culminar. La mayoría de estos (nueva Ley de Educación, reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos, Pacto de sostenibilidad de las pensiones, etc… etc…) son grandes proyectos que exigen de mucho tiempo y consenso para poder dictaminarlos. Y de esto último no es de lo que, precisamente, el gobierno pueda presumir.

Sin embargo, frente a estas reformas, muy importantes sin duda, pero que pudieran naufragar en el tiempo, dado el estado de crispación y de inestabilidad que hay en el parlamento, existen otras mucho más fáciles de implementar y que, en teoría, son más fáciles de acometer.

No hay más que poner atención a lo que se comenta en la calle, o a las informaciones que, de forma habitual, recibimos a través de las redes sociales.

Convendrán conmigo que todos aquellos que en mayor o menor grado sufrimos el acoso de una aplicación llamada “WhatsApp”, nos vemos invadidos, casi a diario, con innumerables mensajes en los que se denuncian determinadas arbitrariedades con las que una parte de la clase política se impregna cotidianamente en el ejercicio de sus funciones.

Nos quejamos de la indiferencia mostrada por esos políticos, y pedimos a nuestros representantes legislativos que corrijan una serie de abusos que, en la mayoría de los casos, se han convertido en unas verdaderas situaciones de privilegio, que no deberían mantenerse en una sociedad justa e igualitaria.

A continuación, me voy a limitar a refundir algunas de ellas y a ofrecérselas como resumen de una realidad que, espero, algún día deje de serla para convertirse en un recuerdo de algo que jamás debió haber sucedido.

Hay que hacer algo para impedir que un ciudadano tenga que cotizar 35 o 40 años si quiere percibir una jubilación, y a los diputados les baste sólo con siete. Un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, pero los políticos tienen derecho a pensiones, en algunos casos, vitalicias, y en otros muy superiores a 60.000 euros, y compatibles con otras.

Hay que hacer algo para conseguir que Sus Señorías no tengan seis meses de vacaciones al año, o que la retención de las nóminas de diputados y senadores sea sólo del 4,5%, cuando hay trabajadores a los que les retienen el 20% o más.

Hay que hacer algo para no permitir que el salario mínimo de un trabajador sea de 858,00 €/mes y el de un diputado de 3.683; pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a superar los 6.000 €/mes.

Hay que hacer algo para impedir que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un Ayuntamiento de tercera.

Hay que hacer algo para lograr que no haya 65.130 liberados sindicales y 31.210 representantes de las patronales, que pagamos entre todos gracias a los privilegios de que disfrutan este tipo de organizaciones.

Existen 1.206 parlamentarios autonómicos, y más de 1.000 entre diputados de Diputaciones Provinciales y responsables de Cabildos Insulares.

Debemos reducir el número de políticos que hay en España. Tenemos casi 450.000 políticos (200.000 más que Alemania con el doble de población), y más que médicos, policías y bomberos juntos de toda España.

Hay que hacer algo para que los diputados no puedan utilizar a su antojo, y con cargo a las arcas del Estado, aviones, trenes o barcos, disponiendo para ello de 5.000.000 de euros al año para viajes.

Hay que hacer algo para lograr que los diputados del Congreso se dediquen en exclusiva a su labor política. Hasta ahora tan solo el 33% lo hace. El resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, fundaciones y otras colaboraciones.

Como podrán comprender, para evitar este tipo de desmanes y acometer las correspondientes reformas tan solo hay que tener voluntad política. No estamos hablando de grandes proyectos, que exijan pactos de Estado. Son meros privilegios que se han enquistado en la clase política gobernante y que son, a esos mismos políticos, a los que les compete cambiar este régimen de prerrogativas. Unas ventajas de las que están disfrutando, en contraposición con el resto de los mortales a los que se nos aplican otro tipo de políticas sociales y salariales mucho más restrictivas y exentas de todo tipo de beneficios.

En un momento en el que se nos ha pedido a toda la sociedad que nos apretemos el cinturón, no puede haber nadie (y menos quien nos está gobernando) que pueda disfrutar de unas ventajas que son más propias de regímenes totalitarios que de una sociedad justa, madura y democrática como pretendemos sea la nuestra.

A todos aquellos que nos gobiernan y que tienen en su mano la posibilidad de legislar. E inclusive a aquellos que no gocen de esta condición, les pido que renuncien a todos estos privilegios a los que han accedido, y que hagan honor a sus promesas, cuando nos dicen que han venido a la política a servir y no a servirse.

Sería un buen comienzo para volver a creer en “la casta”.

Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com