El espíritu de la transición

La transición española a revisión

Han pasado más de cuarenta años del inicio de una etapa ilusionante y llena de libertad, que los españoles conquistamos tras liberarnos de una dictadura que había durado otros tantos años. Esta nueva etapa, que comenzó con un periodo denominado como ‘espíritu de la transición’, sirvió para que la inmensa mayoría de nuestra sociedad pudiera vanagloriarse de haber conseguido pasar de un régimen autoritario a una democracia. Un régimen democrático, con todas sus imperfecciones, pero una democracia, al fin y al cabo; y –lo más importante- sin ningún enfrentamiento, más allá del lógico cabreo de aquellos viejos celadores del régimen que se sentían albaceas de una legitimidad ya caducada.

Hoy, casi medio siglo después, un sector ciudadano, crítico con la situación de degradación que se percibe en una buena parte de nuestra clase política, se ha propuesto lo que algunos han llamado un plan de regeneración, que incluye un cierto revisionismo de nuestro marco normativo y constitucional. Y no es que yo esté en contra, ni mucho menos, pero en lo que no estoy de acuerdo es en el interés que algunos tienen en liquidar la transición y todo lo que esta ha representado para la creación de un clima de sosiego, entendimiento y colaboración, tan necesitado por nuestro país, sobre todo en estos momentos convulsos por los que estamos pasando.

Algunos se empeñan en atizar la llama del secesionismo, al tiempo que otros se atrincheran ante lo que consideran una deriva autoritaria del Estado, en su afán por controlar una sociedad manifiestamente cabreada. Y lo curioso es que tanto unos como otros están recetando la misma medicina como tratamiento para la sanación de este enfermo: superar el clima de consenso generado en el periodo pre constituyente, y cambiar la legislación que sea necesaria (incluida la Constitución). Y no seré yo quien desmienta tal necesidad. Lo que pienso es que, para acometer este tipo de intervenciones, se precisaría de un consenso mayoritario que, es evidente, en estos momentos no se da, y nuestra prioridad deberíamos fijarla en conseguir el mayor asentimiento en resolver los problemas de convivencia suscitados a raíz del modelo de configuración territorial que los españoles queramos darnos en el futuro.

De preocupante deriva autoritaria tildan algunos la situación política en España, y para apoyar tal tesitura se ponen de manifiesto hechos tan “relevantes” como la ralentización en la aplicación de la ‘Ley de la Memoria Histórica’ y otros más genéricos que, para cierta clientela, son muy fáciles de vender. Como el “preocupante recorte de las libertades ciudadanas”, o “las detenciones arbitrarias y la saña con la que se está actuando en las manifestaciones”, amén de aquellos otros que se refieren a la vulneración del derecho a la “libertad de expresión” o la “falta de garantías de nuestro sistema judicial”.

Estas son algunas de las acusaciones que se vierten, intentando demostrar que son un reflejo de la arbitraria actuación con la que los poderes fácticos ejercen sus funciones. Más dramatismo le echan aquellos que nos están vendiendo la idea de que nuestro país ha vuelto a la época del franquismo, y que el fantasma de la dictadura está presente en la cotidianidad política practicada por algunos partidos, a los que se tacha de fascistas. Un calificativo que se suele utilizar, demasiado a la ligera, cuando se discrepa del principio de pensamiento único y que, en la inmensa mayoría de los casos, se les podría aplicar de forma más objetiva a los propios increpantes.

Sin embargo, y dicho con todo el respeto del mundo en favor de aquellos que sostienen estas tesis, mi particular punto de vista dista mucho de la visión catastrofista y retrograda que algunos nos están proyectando.

Aquellos que hemos vivido en la dictadura, que hemos pasado por el tardofranquismo, y que, a través de la transición, hemos llegado a conocer las imperfecciones de una democracia moderna, sabemos de las diferencias cualitativas y cuantitativas que existen entre estos dos regímenes, y, por eso, somos conscientes de las dificultades por las que se pasaron para conseguir esta transformación, que contó con el consenso generalizado de la mayoría de los españoles, y donde TODOS los que intervinieron en ella se tuvieron que dejar algunos pelos en la gatera, renunciando a los maximalismos y condicionantes ideológicos propios de unas formaciones políticas que aspiraban a participar en el reparto de una tarta recién elaborada.

Por eso no fue necesaria ninguna Ley de Memoria Histórica, porque en esos momentos lo que tocaba era restañar heridas; y lo que no tocaba era reabrirlas. Sobre todo, en unos momentos en los que estábamos asistiendo a un hecho insólito, viendo como aquellos viejos rescoldos del régimen, que estaban amparados en unas Cortes anquilosadas, asistían a su liquidación haciéndose el harakiri a través de la Ley para la Reforma Política, que desmontó de un plumazo una estructura creada durante casi medio siglo. Como tampoco debemos olvidar las grandes dosis de generosidad que se tuvieron que utilizar a la hora de cocinar una Constitución en la que, codo con codo, prestaron su apoyo personajes tan dispares como Santiago Carrillo y Manuel Fraga, como extremos más representativos de un elenco político en el que, entonces, estaba representada la mayoría de nuestra sociedad.

Respeto, por supuesto, los legítimos derechos que tenemos todos los españoles (los de uno y otro lado) a conocer y a saber todo lo concerniente a nuestros familiares y amigos desaparecidos a lo largo de aquella incivil contienda, y de sus posteriores consecuencias, pero sin hacer una causa para el enfrentamiento, ni utilizar –por una y otra parte- este legítimo derecho, como un elemento de confrontación que haga supurar heridas ya cicatrizadas.

En cuanto a las libertades ciudadanas o detenciones arbitrarias, no es serio equiparar la carencia de libertad de reunión y/o manifestación, así como cualquier otro tipo de discrepancia, que existían en la época de la dictadura, y tratar de parangonarlo con la situación política actual. Y los que sostienen estas opiniones lo saben, salvo que sufran algún tipo de amnesia, o que quizá –por su juventud- no lo hayan vivido. Tan sólo hay que rememorar la época en la que los famosos “grises” estaban considerados como un cuerpo policial opresor, y detestado por una buena parte de la colectividad civil, en contraposición con lo que actualmente son nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes, merecidamente, se han ganado la simpatía generalizada y un arraigo sostenido en el seno de nuestra sociedad.

Es cierto que puede haber ocasiones en que algunas imágenes relacionadas con determinadas manifestaciones no nos gusten y violenten nuestra sensibilidad, pero de ahí a calificarlas como una muestra de la saña con la que se está actuando en las manifestaciones, para –a continuación- denunciar el estado policial en el que, según ellos, nos encontramos, me parecen de una frivolidad apabullante, cuando no de una mala baba, digna de desprecio.

La falta de libertad de expresión es otro de los mantras esgrimidos dentro de este catálogo de oprobios que se han inventado aquellos que no quieren acordarse de lo que realmente era una FALTA DE LIBERTAD con mayúsculas, con censura de prensa y medios incluida. Creíamos algunos ilusos que con la Ley de Prensa de 1966 (más conocida como la Ley Fraga) íbamos a homologarnos a nuestros vecinos europeos, y en 1973, por una orden gubernativa, se cerró el emblemático Diario “Madrid”; y no solo eso, sino que se voló materialmente el edificio donde se editaba, en la calle General Pardiñas, de Madrid. Los secuestros de publicaciones y libros estaban a la orden del día, y al final ha sido la Constitución de 1978 la que, en su artículo 20, ha consagrado los derechos de todos los españoles a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones…”, anulando todas las cortapisas y artimañas que la citada Ley imponía, y haciendo buena aquella frase memorable y que tan acertadamente acuñó un alto dignatario hispanoamericano cuando dijo: “La mejor Ley de Prensa es la que no existe”.

En la dictadura, la mayoría de las decisiones que coartaban de manera flagrante este tipo de derechos, así como la libertad de expresión, eran de índole administrativa. Pero no es así en el ordenamiento jurídico español actual, donde este tipo de actuaciones se reservan a los tribunales de justicia, quienes son los garantes del ejercicio de estas libertades, por más que algunos puedan esgrimir la “falta de garantías de nuestro sistema judicial”, como otro de los mantras a los que se aferran los más catastrofistas.

Por todo eso, y también porque ya soy algo mayor, y los experimentos me gusta hacerlos solo con gaseosa, es por lo que sigo creyendo en el espíritu de la transición, al tiempo que sigo considerando que aún estamos a tiempo de prolongar su vigencia.

Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com