A vueltas con la disciplina de los partidos

Escuchaba yo una entrevista que le estaban haciendo a un dirigente político (al cual conozco), cuando el periodista le preguntó, en relación con la pretendida abolición de la “prisión permanente revisable” de nuestro ordenamiento jurídico:  ‘¿por  qué su formación se ha abstenido en la votación en el Congreso?’. El político entrevistado, retorciendo el sentido de la pregunta, contestó que ‘su partido abogaba por el cumplimiento íntegro de las condenas’, que si ‘había dudas sobre la constitucionalidad de esta Ley’, y no sé cuántas chorradas más, hasta tal punto que el periodista, de nuevo, le tuvo que inquirir durante más de una ocasión diciéndole que no había contestado a su pregunta. El diputado, finalmente, se vio obligado a manifestar que no tenía una opinión definida sobre este hecho y que su partido tendría que estudiar de nuevo este tema. Pero no dio ninguna respuesta concreta sobre el particular; ni tan siquiera cuando el entrevistador le solicitó su opinión personal.

Cuando terminó la entrevista me planteé llamar a mi “amigo” porque daba la casualidad que hacía unas pocas semanas que habíamos estado de tertulia informal y este tema salió a la palestra. Por eso me causó extrañeza su ambigüedad, cuando yo sabía que su opinión al respecto era muy clara: es decir ‘mantener esta tipificación penal, con un estricto control judicial, muy restrictivo, y solamente aplicable a casos excepcionales’ Pero en ningún momento se planteaba la derogación. No obstante, finalmente, renuncié a ese contacto con tal de evitarle un mal trago, ya que no le hubiera quedado otra salida que reconocer claramente su dependencia orgánica, funcional, y hasta yo diría que mental, de su partido. Está claro que algunos, demasiados diría yo, de nuestros políticos no obedecen a sus convicciones personales, ni a su mayor o menor preparación o formación cultural y/o profesional, sino a la puñetera disciplina de partido a la que ya nos tiene más que acostumbrados la mayoría de las formaciones políticas en nuestro país.

Este hecho, que por desgracia no es un caso aislado ni pertenece al ámbito de ningún partido en concreto, es una tónica generalizada en el comportamiento habitual de la clase política en España. Da igual el tipo de Administración a la que nos refiramos; pasa exactamente igual en un Ayuntamiento, en un Parlamento Autonómico o en el Congreso de los Diputados: Muchos de los políticos que están en esas instituciones (salvando honrosas excepciones, que las hay), son meros voceros de sus formaciones políticas que son las que les han permitido integrarse en unas listas que los votantes nos tenemos que comer con patatas, nos gusten o no, al estar cerradas y bloqueadas.

Recientemente hablaba con el alcalde de un importante municipio de mi Región y me corroboraba lo que todos sabemos y no somos capaces de cambiar, por más que nos lamentemos y hagamos actos de contrición. Este regidor se lamentaba al constatar la poca sensibilidad que la mayoría de los partidos tienen a la hora de valorar los problemas reales de la ciudadanía. En el caso de los Ayuntamientos (como administración más cercana) es la que mayores posibilidades tiene para percibirlos, atender y resolverlos. Pero claro, nos encontramos con que las directrices que se imparten, en determinados momentos y desde las cúpulas de estos partidos, no son coincidentes con la resolución de algunos de estos problemas.  ¿Y qué pasa en ese caso?... que se le hace caso al partido, aunque el edil de turno no piense igual.

El mismo alcalde me apuntaba, sin ambages y con valentía política, que esta situación se resolvería si las listas en los municipios fueran abiertas y se votara a la persona, obligándose, esta, a dar la cara de forma personal y a hacer campaña a cara descubierta y sin el paraguas del partido; pero, claro, esto a los partidos no les conviene, dado que perderían el control en la elaboración de las listas y, subsidiariamente, el enorme poder orgánico que es la base principal de la actual partitocracia que rige en España. Por cierto que aunque la citada terminología no está aceptada todavía por la RAE, y no es más que un neologismo empleado para definir la burocracia de los partidos políticos, el filósofo Gustavo Bueno afirma que la “partitocracia” realmente constituye una deformación sistemática de la democracia.

Deformación que nos ha llevado a constatar la realidad en la que nos hemos instalado en una imperfecta democracia como la que nos dimos en 1978, y en la que conviven situaciones tan esperpénticas como reales, donde –por ejemplo- los partidos políticos son capaces de “convencer” a sus representantes para que defiendan una postura, en favor de una determinada política basada en el “agua para todos”, que se pueda utilizar según convenga; por ejemplo, se activa cuando mandan ´los otros´, y se liquida cuando lo hacen los propios. Y verán que no he mencionado a ninguna formación política en concreto, aunque el lema utilizado lo parezca, y es que da igual la ideología, lo estatutos y hasta el ideario de cualquiera de estas formaciones. Cuando se trata del bien supremo, cual es la política de partido y la defensa de la supremacía de su estructura piramidal, ni Podemos se escapa a la justicia inmisericorde que supone acatar las directrices de quien manda.

¿De verdad una misma persona puede pensar una cosa y la contraria según sea su dependencia orgánica o la oportunidad política del momento? Pues eso parece con el sistema actual que tenemos y donde, con nuestra Ley Electoral (mejorable por supuesto), se posibilita este tipo de situaciones, donde la libertad individual y el respeto a la conciencia se ven conculcados por un interés supremo que doblega uno de los preceptos más sagrados de la condición humana en una sociedad libre: la independencia en el ejercicio de la actividad política y social.

Lo más peliagudo es que este cascabel se lo tiene que poner al gato la misma clase política que ahora disfruta de estas prebendas, y algunos pensamos que estos políticos deberían tomar nota de un hecho histórico que sucedió en nuestro país, cuando en 1977 las cortes franquistas se hicieron el harakiri, a través de la promulgación de la Ley para la Reforma Política, que permitió dar paso a la configuración de un nuevo estado democrático. El bien general debería estar por encima de cualquier interés particular o de grupo, y esto es lo que todavía falta que algunos reconozcan y los que tengan capacidad para ello, que lo promuevan. Nosotros, mientras tanto, lo que podemos hacer es denunciarlo y seguir insistiendo.

Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com