La justicia en el punto de mira

El poder judicial, en España, no está pasando por sus mejores momentos. En poco tiempo se han producido una serie de situaciones que han dejado algo más que tocado a uno de los tres poderes fundamentales del Estado.

El episodio más mediático. El que ha calado más en la opinión pública, no cabe duda, ha sido el denominado “de las hipotecas”. La gestión, por parte de las autoridades judiciales, de algo tan sensible para el ciudadano, ha venido a echar más agua en un terreno que ya estaba encharcado por otra serie de incidentes en los que, últimamente, se había visto involucrado nuestro alto Tribunal.

Nada más alejado de mi intención que esgrimir la defensa de la banca, dado que sobre el comportamiento de este pilar básico de la economía se podría estar escribiendo largo y tendido; y no todo bueno, precisamente.

Sin embargo, las circunstancias que han rodeado el “caso hipotecas”, me han animado a escribir, en este caso, a contracorriente de lo que, hoy, es la opinión pública generalizada de la sociedad española. Y a manifestar mi opinión sobre el papel que la judicatura está desarrollando en nuestro país, y la fuerte incomprensión a la que está sometida esta institución. Sobre todo, cuando se la intenta juzgar, sin los más mínimos razonamientos y con la demagogia propia de situaciones que son más adecuadas a otros escenarios más relacionados con la actividad política.

El Tribunal Supremo se ha encontrado con una serie de recursos interpuestos por distintas entidades y consumidores, y ha tratado de interpretar la Ley (que por cierto es bastante ambigua en ese capítulo). Una Ley que data de 1993. A través de cuyo reglamento se imputaba el impuesto a los clientes, y que hasta ahora nadie había cuestionado. Sin embargo, una serie de recursos, interpuestos por distintas entidades y consumidores, han propiciado que el tribunal dictara las correspondientes sentencias.

Y aquí está el primer error del Supremo. El Tribunal ha emitido varias sentencias sobre el mismo concepto. Unas lo han sido en un sentido, y las otras en sentido contrario. Y lo que ha pretendido, al convocar al pleno de la Sala, ha sido tratar de unificar criterios y de evitar la inseguridad jurídica que ello comporta. Aunque reconozco que, con su desastrosa gestión de los hechos, ha propiciado todo lo contrario de lo que hubiera debido ser su verdadero interés.

A todo esto, una perfecta campaña, orquestada desde distintos ámbitos, y que ha sido muy fácil de fomentar, dada la sensibilidad que sobre estos temas rezuma en nuestra sociedad, ha venido a aportar el ingrediente eficaz para que este marrón se lo coman entre la judicatura y la banca, a partes iguales. Maniobra que le ha venido al pelo a los partidos antisistema (a los que se ha unido Podemos), que han puesto a la justicia en el punto de mira, en su interés por erosionar las instituciones como paso previo para liquidar el régimen.

“La banca ha ganado”. Es el mantra que nos han vendido. Es un mensaje falso e interesado, dentro de una maniobra que se ha utilizado para desprestigiar a este sector, y al mismo tiempo sacudirle un sopapo al poder judicial. Pero, es más, esa campaña para lo que está sirviendo es para tapar las miserias de la clase política que nos gobierna y que, una vez más, ha metido la pata, y quiere que otros carguen con el mochuelo.

“Los bancos son unos ladrones…. que devuelvan lo que nos han robado”. Es otro de los lemas que hemos visto en alguna pancarta de algunas de las manifestaciones “espontáneas” que se han producido a lo largo de estos días. Cuando todos sabemos que los bancos no han cobrado ni se han beneficiado de esta recaudación que se ha estado produciendo a lo largo de 23 años. Y que han sido las Comunidades Autónomas quienes han recaudado este impuesto.

Es necesario que se conozca: quien se ha beneficiado de la sentencia del Supremo ha sido el Gobierno. Si la sentencia hubiera sido en sentido contrario el marrón que se les venía encima era de padre y muy señor mío. El Estado hubiera tenido que abonar el costo de los efectos retroactivos, ya que las CCAA no tienen capacidad para hacerlo. Lo que hubiera supuesto un descalabro descomunal en la economía y una considerable subida del déficit, que nos dejaría en Europa a los pies de los caballos.  Adiós a las negociaciones de los Presupuestos Generales, y todo lo demás.

Los bancos nunca hubieran pagado los efectos producidos por la retroactividad.  Cualquiera que entienda de los procedimientos administrativos sabe que quien ha legislado de esa manera tan ambigua, ha sido el gobierno. Quien ha redactado el reglamento por el que se determina que el pago le corresponde al cliente, fue el gobierno. Y ahora, este gobierno oportunista, legisla en caliente, y –como es habitual- a golpe de Decreto, y trata de engañarnos a todos, tomándonos por tontos, cuando nos dice que por fin este impuesto no lo van a pagar los consumidores. Cuando todo el mundo sabe que, aunque sea así, al final se va repercutir en los clientes, Sí o Sí.

A todo esto, nuestra clase política, haciendo alarde de una descomunal hipocresía, ha salido en tromba (no importa la ideología) a sacar rédito de esta causa. Y en ese contexto vemos al Sr. Echenique como se esfuerza en criticar a los bancos y al TS, cuando ellos mismos, desde Podemos, han sido participes directos de la subida de los tipos del citado impuesto (en la Comunidad de Aragón). Siendo esta, una de las Autonomías donde más caro resulta y, además, cuando eran los consumidores quienes lo pagaban.

Otra cuestión será que, a partir del cambio de la Ley, la banca sea quien asuma esos costos. Pero difícilmente ningún tribunal, ni español ni europeo, va a consentir tamaño despropósito que signifique penalizar a unas entidades, con la retroactividad de un impuesto que nunca le correspondió. La banca no puede pagar los platos que otro ha roto y que nunca fueron suyos. Este es el verdadero estado de la cuestión. Una cuestión, que el gobierno no quiere que se sepa, y por eso está propagando cortinas de humo para tapar sus vergüenzas y aprovecharse para intentar ganar algunos afectos de aquellos a los que todavía pueda engañar.

Y entre tanto, y por si alguien no lo tenía claro, nuestros políticos se dedican a cocinar en la trastienda el nombramiento de los jueces del Consejo General del Poder Judicial, como si de un reparto de cromos se tratara.

Pero esto es arena de otro costal y merece un artículo aparte.

Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com